Estoy repostero, pero entre solcito con vino y chori, para prepararse por hinchar contra brasil, podemos sentarnos a leer un poquito.....a Malvinense

En la nota linkeada, está el proyecto de ley original.

Los medios, los políticos... todos hablan de maravillas acerca de la decisión presidencial. Pero, en primer lugar la medida adoptada por el Ejecutivo sigue vigente, y en segundo lugar el proyecto de ley presentado por la Presidente no da lugar a debatir sobre el porcentaje de las retenciones. Conozca el proyecto de ley enviado al Congreso por la presidente de la Nación...

En su primer artículo dice: Ratifíquese la resolución 125 (las retenciones del 10 de marzo) y su modificatoria 141 y las complementarias 284 y 285.

Aquí no hay debate sobre cuánto porcentaje de retención puede llegar a existir o no, pues solo da pié a ratificar o no el decreto de la discordia.

El segundo artículo establece que el tratamiento parlamentario será "sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultados ejercidas para ello", tal como estipula el Código Aduanero.

Es decir, peor aún, porque la presidente viola la Constitución amparándose en el Código Aduanero. Y que no puede perjudicar las medidas ya adoptadas el 11 de marzo.

En el tercero, cuarto y quinto artículo, crean el Fondo de Redistribución Social que destina un 60% de lo recaudado vía retenciones a la soja para la construcción de hospitales públicos y centros de salud; un 20% a viviendas populares y otro 20% a la realización de caminos rurales.

Allí se dice que solo se destinará aquella recaudación derivada de la soja superior al 35% para tales fines. Con el resto de los cultivos no se menciona a dónde irá a parar el dinero, que estará en manos de Julio De Vido.

El sexto artículo delega el manejo de los fondos en el Ministerio de Planificación Federal que conduce Julio De Vido, en tanto el séptimo y el octavo son de forma.

Otra medida inconstitucional, pues es atribución del Congreso distribuir este tipo de fondos, y no un Ministro del Ejecutivo. Mucho menos un personaje como Julio De Vido que ha sido denunciado y se lo sospecha de varios casos de corrupción.

El proyecto está acompañado por un mensaje en el que se destaca que la resolución es puesta a consideración del Congreso para "saldar la discusión política relativa a la materia de retenciones".

Este proyecto es inconstitucional desde su primer artículo, pues se pide ratificar una resolución que excede las atribuciones del Poder Ejecutivo, pues la política relativa a la materia de retenciones, le corresponde al Congreso, más precisamente a la Cámara de Diputados