Ayer, al ver y escuchar por el noticiero los hechos ocurridos en Bolivia pensé por primera vez que las cosas se están poniendo feas para el gobierno de Evo Morales. Al menos, ya se cuentan ocho muertos y una treintena de heridos. Morales expulsó al embajador norteamericano de su país por interferir en asuntos internos de Bolivia. La Casa Blanca hizo lo mismo con el representante boliviano en Estados Unidos. Y Hugo Chávez, “en solidaridad” con Evo, echó al embajador estadounidense en Caracas.
Desde que Latinoamérica fue más o menos encontrándose con el sistema democrático, fueron varios los intentos por desestabilizar o derrocar gobiernos elegidos por el pueblo. Varios son los casos: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina. Quizás ahora me olvide de alguno. Pero ya son suficientes para prestar atención a los mecanismos que se utilizan -sin la vía militar- con el objetivo de atentar contra la continuidad de los gobiernos constitucionales en una región cada vez más golpeada, más pobre y endeudada.
El jueves, uno de los días más violentos desde el sufragio popular que ratificó a Evo Morales como presidente, se cumplió un nuevo aniversario del derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile. La mayoría conoce el papel que tuvo Estados Unidos en ese momento. Las circustancias y el mundo cambiaron. Los protagonistas son otros. Pero el que está “arriba” es el mismo.
El último discurso de Salvador Allende en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.
